ELIZABETH PEGER - Editora de Economía y Política
En un contundente gesto destinado a vigorizar su alianza con la primera línea sindical en pleno arranque de la campaña electoral, el presidente Alberto Fernández decidió atender un viejo reclamo de la CGT en su apuesta de fortalecer el financiamiento de las obras sociales que administran sus gremios y resolvió por decreto limitar el alcance del sistema de libre elección de prestadoras de salud.
Desde ahora, entonces, los trabajadores que inicien un nuevo vínculo laboral deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad de origen, en tanto que el resto de los empleados en relación de dependencia solo podrá optar una vez al año por cambiarse de prestadora médica, lo que pone fin a la posibilidad de efectuar los traspasos sin limitaciones como ocurría hasta antes del nuevo decreto presidencial.
La medida constituye un histórico anhelo de la conducción de la central obrera, que desde la gestión de Cristina Fernández de Kirchner reclamaba al Estado limitar los alcances del sistema de desregulación vigente desde la década del ´90.
Según la argumentación sindical, los traspasos sin control provocaban un permanente "descreme" de la cantidad de afiliados de sus prestadoras, beneficiando el pase de trabajadores a las empresas de medicina privada y acentuando los problemas de financiamiento de las obras sociales. "Las prepagas se llevan a los trabajadores jóvenes, sanos y con buenos salarios", repetían una y otra vez los líderes cegetistas.
Según los números relevados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) solo durante junio último se produjeron 42.075 opciones de régimen y se estima que anualmente se acumulan alrededor de 500.000 traspasos.
En su mayoría se trata de trabajadores que optan por abandonar la obra social de su actividad y traspasarse a otra prestadora sindical que brinda servicios de salud a través de una prepaga. Si se considera el aporte de salud por trabajador en base al promedio salarial del sector privado (9% del salario bruto), los traspasos anuales implicarían un monto cercano a los $ 4000 millones.
Esa batería de explicaciones llevó la conducción de la CGT a Olivos a principios de mayo y recepcionó el compromiso presidencial de una respuesta en el corto plazo, lo que finalmente se concretó hoy con el decreto firmado por Fernández; el jefe de gabinete, Santiago Cafiero; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
La decisión de la Casa Rosada fue celebrada en la primera línea cegetista. "Hoy podemos estar satisfechos con esta medida por la que batallamos mucho tiempo", afirmó a este diario el dirigente José Luis Lingeri, titular del Sindicato de Obras Sanitarias y principal referente de la central en materia de salud.
En la opinión sindical la limitación a los traspasos blinda a las obras sociales contra el descreme, aunque también admitieron que se trata de una medida que no tiene costo económico para el Estado. En esa línea, varios dirigentes reprocharon que -en cambio- el Gobierno aún sigue demorando la distribución a las obras sociales de unos $ 11.000 millones destinado a compensar los gastos de educación y transporte de afiliados con discapacidad.
Y a ese planteo se suma, además, la pretensión cegetista de una señal contundente del Ejecutivo respecto a la ofensiva del kirchnerismo para reformular el sistema de salud, una maniobra que -denuncian los sindicalistas- supone una fuerte avanzada sobre el control de los fondos que administran sus prestadoras médicas.
"Políticamente nos sirve" la limitación de los traspasos, enfatizó un importante referente de la jefatura de la CGT. La frase sintetizó la interpretación dominante de la dirigencia gremial sobre el propósito de la Casa Rosada con la decisión: cerrar filas con el sindicalismo, un actor político y social clave, de cara a la campaña para las elecciones de noviembre. En esa misma lógica se inscribe el aval presidencial para que los gremios reabran sus respectivas paritarias para cerrar aumentos salariales del orden del 45%, por encima de la expectativa de inflación.
Incluso, desde algunos sectores del oficialismo deslizan la posibilidad de que algunos referentes del mundo sindical se incorporen a las listas de candidatos del Frente de Todos (FDT), entre los que se mencionan a dirigentes como Héctor Daer, uno de los dos miembros de la cúpula de la central obrera, y al titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.
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