Gobierno acelera la privatización de Enarsa y proyecta recaudar millones con la venta de activos energéticos

El gobierno de Javier Milei intensifica el proceso de privatización de Energía Argentina (Enarsa) con un enfoque estratégico en sus activos más importantes. Este plan, que busca achicar la presencia estatal en el sector energético, incluye la venta de acciones en Transener, centrales térmicas, gasoductos y otros bienes clave. Según fuentes oficiales, el objetivo es completar este ambicioso proyecto antes de que finalice 2025. La administración actual heredó un listado de 41 empresas públicas para privatizar, de las cuales solo seis permanecen bajo ese esquema. Enarsa es una de las principales candidatas y, además, ocupa un rol central en la importación de gas natural licuado (GNL) y la gestión de infraestructura energética clave. En 2025, la empresa planea importar 30 buques de GNL por un valor estimado en 672 millones de dólares, replicando cifras del año pasado. Sin embargo, Enarsa también se desprenderá de activos vinculados a esta actividad, incluyendo su participación en la terminal regasificadora del puerto de Escobar, actualmente operada en conjunto con YPF.

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Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica de Argentina, será el primer activo en ser privatizado. Desde diciembre, las acciones de esta empresa aumentaron 13,65%, alcanzando un valor de mercado cercano a 995 millones de dólares. Enarsa controla la mitad de las acciones de Citelec, la sociedad que gestiona Transener, y la venta de este porcentaje podría generar ingresos de aproximadamente 262 millones de dólares. Aunque Pampa Energía, propietaria de la otra mitad de Citelec, podría parecer un comprador natural, su adquisición se ve limitada por el artículo 31° de la Ley de Energía Eléctrica, que impide que un generador o distribuidor sea accionista mayoritario de una transportista.

Además de Transener, Enarsa buscará desprenderse de las centrales térmicas Manuel Belgrano y General San Martín, ambas con alta demanda entre los principales actores del sector energético. Estas instalaciones, fundamentales para el sistema energético nacional, están integradas por empresas de gran porte que podrían participar en futuras licitaciones. Enarsa también tiene a su cargo importantes gasoductos troncales, como el renombrado Perito Moreno y la reversión del gasoducto norte, operados por TGS y TGN. Estos activos están dentro del paquete que el gobierno planea ofrecer al sector privado.

Otro punto relevante en el proceso de privatización es el destino de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz y las ubicadas en el Comahue. Aunque las primeras todavía están bajo la órbita de Enarsa, la Secretaría de Energía planea licitar su operación en los próximos meses. Las provincias involucradas debaten actualmente sobre regalías y modelos de negocio asociados al uso del agua y las tarifas eléctricas, lo que complica los avances en este frente.

El gobierno apuesta a que la venta de activos como Transener y las centrales térmicas generen ingresos significativos, contribuyendo a la reducción del déficit fiscal. Sin embargo, críticos del plan advierten sobre el impacto de la privatización en los servicios públicos y la pérdida de control estatal en sectores estratégicos como el energético. El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, expresó su optimismo respecto al calendario de ventas, asegurando que la enajenación de Transener podría completarse antes de mitad de año. A medida que avancen las licitaciones, se definirá el destino de otros activos clave, consolidando una estrategia que busca marcar un antes y un después en la gestión estatal de recursos energéticos.
    

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