A este dato estadístico se agrega el que suministrara el INDEC al informar que los precios minoristas aumentaron un 15,6% en el primer cuatrimestre y el rubro alimentos trepó 66% en los últimos 12 meses.
O sea que, en el corto período de tiempo transcurrido (cuatro meses), la inflación absorbió casi el 80% del porcentaje total proyectado por ley del Congreso Nacional para todo el año.
La actividad económica sigue en caída, lo mismo que la producción industrial (-13,2%) y el comercio (-14,6%) [Orlando Ferreres & Asociados], lo cual genera un pronóstico adverso a la deseada y esperada recuperación, luego de transcurridos los primeros meses del año.
Esta situación obliga, lógicamente, a efectuar una revisión de las variables de ajuste en orden a evitar que siga creciendo la espiral inflacionaria con el impacto que ello produce en todos los sectores de la economía.
Los índices e indicadores más importantes: alimentos, tarifas, combustibles, etc., se dispararon y, por ende, la marca que ello produce en el IPC (índice de precios al consumidor) es más significativa, repercutiendo fuertemente en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Como breve relato histórico, la crisis de deuda en los países emergentes de la década de 1980 se extendió por América Latina a consecuencia de que los países contrajeron niveles elevados de deuda en dólares con tasa de interés variable. Los esfuerzos de Estados Unidos por combatir la inflación, por aquel entonces, llevaron a incrementar la tasa de interés internacional, lo cual produjo un aumento de los servicios de deuda de estos mismos países, por lo que al no poder recurrir a nuevos endeudamientos tuvieron que emitir moneda para cubrir los déficit fiscales, iniciándose así un proceso inflacionario.
Nuestro país tuvo largos períodos ostentando récords de inflación (1975-1991), a lo que le sobrevino una etapa de desactivación (1991-2001) producto de la ley de convertibilidad ($ 1 = US$ 1) y de la política de la década del 90, lo cual no terminó bien ya que la tasa de desempleo llegó al 21,5% al finalizar el régimen de convertibilidad.
El constante uso de reservas del Banco Central, a lo que se suma la emisión monetaria para paliar el déficit fiscal, la desactivación de las LEBAC con las LELIQ y las altas tasas de interés, contribuyeron en estos últimos años a mantener altos niveles inflacionarios, lo cual repercute en el poder adquisitivo del dinero, destruyendo la capacidad de ahorro y compra de bienes.
Frente a este contexto, a mediados del mes de febrero el Ministerio de Hacienda dispuso elevar los intereses por morosidad de los contribuyentes con la AFIP, elevando las mismas a 4,5% para los intereses resarcitorios y 5,6% para los punitorios, cuando esas tasas eran del 3% y 4% mensual, respectivamente.
En un país con caída de todos los indicadores y una altísima presión impositiva, resulta de poca utilidad práctica una medida de esta naturaleza, contribuyendo la misma a ahogar aún más al sector PyME, frente a la poca disponibilidad de crédito en el mercado.
El consumo no se recupera, y no hay perspectivas de una mejora de las ventas en el mediano plazo teniendo en cuenta que los precios siguen con presión al alza frente a futuros nuevos aumentos de tarifas, incremento del precio de los combustibles, a lo que hay que agregarle paritarias (según el sector) y un probable aumento de la divisa norteamericana en sintonía con los índices de inflación reales.
A este desaguisado de datos se suma el menos querido de todos; en los últimos tres años la caída en la actividad económica afectó a empresas de todo el país produciéndose un incremento significativo de los concursos preventivos y las quiebras, lo que esto solo hace prever que los índices de desempleo no tenderán a bajar en los próximos meses.
Sin embargo, no todas las crónicas son desfavorables, por octavo mes consecutivo la balanza comercial tuvo superávit, aunque esto requiere de alguna lectura más profunda. Y es que este saldo favorable en la balanza de pagos, tiene mayor sustento en la caída de importaciones de bienes de cambio que en la salida de productos con valor agregado, lo que resulta indicativo de una caída significativa del consumo.
La inflación sigue siendo un flagelo, incentiva el incremento de los precios, destruye el poder adquisitivo del dinero y estimula el atesoramiento en moneda dura.
Entre fórmulas y candidaturas testimoniales, y el Congreso Nacional en pleno funcionamiento desde el inicio del año legislativo el 1º de marzo, sería imprescindible que se trabaje en proyectos de reforma tributaria, reducción de costos para la creación de empleo formal, incentivo para la radicación de industrias, facilidad de acceso al crédito, mejora e inversión en telecomunicaciones, disminución de costos para la industria y el campo (sobre todo en materia de servicios), incremento de las exportaciones, entre otras medidas que podrían tomarse, lo cual permitirá mejora en la calidad de vida, disminución de la pobreza y aumento del consumo.
En un año electoral, los ciudadanos estamos a la espera de que el trabajo fecundo de los distintos sectores políticos redunde en beneficio del conjunto de la población, reduciendo los malos indicadores económicos existentes hasta la fecha, sobre todo el proyectado de inflación para todo el año 2019.