El lastre que provoca la excesiva presión fiscal impide a las empresas ser más profesionales y mejorar la producción debido a los altos costos, a lo que se suma tarifas y el consabido costo laboral.
Hace varios años que Argentina no crece, a lo que se agrega que en los últimos años el PBI (Producto Bruto Interno) vino decreciendo, estimándose que, en el corriente año, no superaría los US$ 450 mil millones. A pesar de tener una cosecha récord, se ha reducido el ingreso de divisas por este rubro.
Esto obliga a repensar, seriamente, acerca de la necesidad de introducir cambios estructurales, y bien podría empezarse con tomar algunas medidas, las que hasta podrían ser provisorias o por regiones, para luego avanzar con otras más profundas.
De acuerdo a datos suministrados por el organismo recaudador (AFIP), actualmente, del total de ingresos que posee el Estado, un tercio de la recaudación proviene de la Seguridad Social (principalmente, aportes de los trabajadores y contribuciones de los empleadores); el segundo impuesto más importante proviene del IVA, el cual aporta cerca del 27%, y en tercer lugar se encuentra el impuesto a las ganancias, que acumula cerca del 20% del total.
Por ley 20.631 el Congreso de la Nación sancionó el Impuesto al Valor Agregado. La tasa aplicable originariamente, no se mantuvo igual durante su existencia, sufriendo variaciones a lo largo de su historia. En sus comienzos se estableció en el 13%. Posteriormente, con la reforma introducida en el año 1986, se unificó la alícuota general en el 18%, luego, entre 1988 y 1992 descendió hasta el 13%, para volver a subir hasta el 18%, incorporándose a la base imponible, prácticamente, de todos los bienes y servicios unificándose la alícuota, y a partir de abril de 1995 se incrementó la tasa hasta el 21%, vigente en la actualidad.
Si bien es cierto que se trata de un impuesto de fácil control y recaudación, lo cierto es que el mismo impacta de lleno, sobre todo, en las pequeñas y medianas empresas por cuanto el tributo grava los productos de consumo, generando mayores precios, en especial en aquellos que están destinados al público en forma masiva.
Ahora bien, debemos mirar, por un instante, a nuestro alrededor y ver qué sucede con los porcentajes fijados por este tributo en otros países de Latinoamérica: i.e. Argentina 21%; Bolivia 13%; Brasil 17%; Uruguay 22%; Chile 19%; Paraguay 10%; Perú 19%; Colombia 19%; Costa Rica 13%; República Dominicana 18%; Ecuador 12%; El Salvador 13%; Guatemala 12%; Jamaica 15%; México 16%; Trinidad y Tobago 15%; Venezuela 16% y, por último, Panamá 7%. A lo que cabe agregar que en estos países muchas actividades o productos no están gravados, incluso algunos como México que tiene estímulos fiscales en la zona fronteriza.
Resulta sumamente ejemplificador y orientativo el caso de Uruguay que redujo el porcentaje de IVA para las compras con débito y dinero electrónico, lo que en marzo de 2015 se ubicaba en un 22%, reduciéndose a un 20%, y a partir del 1º de enero de este año volvió a bajar para ubicarse en un 18%, lo cual generó un incremento significativo de las operaciones de compra por parte de los consumidores, la cual se incrementó en un 51% en relación con el año inmediato anterior.
Esto se logró en sus inicios con la Ley de Inclusión Financiera, la cual estableció una rebaja de 2 puntos del IVA en sus comienzos para después ser ampliada en dos puntos más para los pagos que se realizan con medios electrónicos: tarjetas de débito, tarjetas prepagas, débitos automáticos, teléfonos celulares o con cuentas bancarias o dinero electrónico (Ley 19.210, Uruguay).
Evidentemente, lejos estamos de estas alícuotas, ostensiblemente menores que la de Argentina, la cual mantiene el valor más alto de la región, lo cual repercute con mayor incidencia en el sector pyme, con la lógica caída del consumo interno.
Con el actual porcentaje de IVA, y teniendo en cuenta el Pacto Fiscal celebrado entre el Gobierno Nacional y las Provincias en el año 2018, pretendiendo converger hacia una alícuota en concepto de ingresos brutos que se estabilizaría en un piso del 5% para el comercio y los servicios recién para el año 2022, todavía seguimos teniendo elevados tributos, a lo que hay que sumar los impuestos al trabajo, lo cual representa una traba que frena todo tipo de inversión. Lo mismo sucede con los gravámenes a la industria y el agro, con la idea de dejarlos en etapas finales con una alícuota del 5%, lo cual debería alcanzarse para 2022.
Veamos que sucede en el gran país del Norte. En EE.UU. existen dos tipos de impuestos: uno Estatal, cuya exigencia no la tienen todos los Estados: ej Texas, entre otros (algunos Estados demócratas si lo perciben); y otro Federal, el cual tributan todos los ciudadanos, y oscila entre el 8% y 9% en concepto de impuesto a las ganancias.
Ahora bien, como funciona en la práctica este tributo. Existe una declaración de impuestos anual, el cual toma como base una suma a partir de la cual se abona un porcentaje determinado: por debajo de U$S120.000 de ingresos anuales, se abona entre el 17% y 18% entre impuesto estatal y federal. Por arriba de los U$S120.000 de ingresos anuales, en algunos casos, y dependiendo del Estado, se paga hasta el 40% sobre el total de ingresos.
Estos porcentajes tienen algunas deducciones, como es el caso del impuesto a la propiedad; la educación; la cantidad y edad de los hijos; los gastos en salud; lo mismo que la ropa, mercadería y gasolina, los cuales sirven para deducir el impuesto.
El IVA sobre compras en EE.UU. es de 8,25%, el cual se abona por mes al gobierno Federal; muy por debajo de nuestro 21%, fijado provisoriamente y mantenido eternamente hasta el día de hoy.
En la práctica, una persona con un ingreso promedio de US$ 85.000 al año abona por impuestos un promedio de US$ 6.000. Pero este valor no es absoluto, el gobierno reintegra en promedio al contribuyente, lo cual efectúa mediante un cheque que envía al domicilio fiscal del ciudadano a un promedio de US$ 3.500 por familia, para lo cual toma en cuenta los gastos que acredite el contribuyente por distintos conceptos.
A esto debemos agregar un dato no menor y de alto impacto en los costos, el combustible en EE.UU. tiene un precio promedio (por cuanto varía en los distintos Estados, por ej: en Texas US$ 2,69 por galón [3,78 litros] de diesel, frente a los US$ 4,91 el galón de diesel en California) de US$ 3,20, aproximadamente, el galón.
Si estas medidas las convertimos en litros y a valor actual, el promedio de litro de combustible en Norteamérica asciende a $34,40 a un cambio de $43 por dólar, lejos de los valores existentes hoy en el mercado nacional (Jujuy $52,07 el litro de infinia diesel), salvo las provincias beneficiadas con la ley 27.209 (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe) en donde el valor de la infinia diesel llega a $35,54 el litro, las cuales recuperaron el viejo Impuesto a la Transferencia de los Combustibles derogado en la década de los 90 cuando al sur del paralelo 42 se pagaba un precio diferencial mediante un subsidio del Estado Nacional.
El sector productivo sigue soportando una alta presión fiscal, y a la luz de los datos suministrados otra podría ser la realidad, en términos de actividad económica y creación de empleo, si se encarara de frente el problema y se comenzara a reducir impuestos por zonas, por región o de manera provisoria, aunque más no sea como prueba piloto.
Un paso significativo, en este sentido, es el que acaba de implementar el Gobierno Nacional conforme surge del Decreto 464/2019, al disponer una rebaja en concepto de retenciones a 207 posiciones de economías regionales que venían pagando $4 por dólar FOB (free on board) exportado, lo cual permitirá ser más competitivos y facilitar las exportaciones. Igual método debería seguirse con el impuesto al cheque (cuya rebaja fue suspendida, por lo que continúa vigente) y algunas tasas municipales. Argentina necesita exportar productos elaborados para poder lograr que el país tenga pleno empleo y, asimismo, se recupere el valor del salario.
Seguramente, este es el camino que nos llevará a un crecimiento sostenido de las exportaciones y que genere mayor actividad económica beneficiando, en especial, a las economías regionales más alejadas de los centros de distribución y consumo.