Trabajo y Empleo -por iniciativa del INAES- llama a cooperativas y otras organizaciones para proveer productos y servicios médicos, farmacéuticos y de cuidados, de limpieza, alimentos, hotelería, delivery, logística y transporte, limpieza y desinfección, entre otros. El COVID-19 obliga a repensar, reorganizar y a nuevas formas de acuerdos en casi todos los planos de la vida cotidiana y del ámbito productivo y comercial jujeño.
El Gobierno de Jujuy comunicó en estos días acerca de la Resolución N°19 del COE (Comité Operativo de Emergencia), que dispuso la apertura de ferias mayoristas de Jujuy para los rubros referidos a productos comestibles, de sanidad e higiene y el decreto 471-G-2020. Fue retomada porque días previos el municipio de Perico, a cargo de Luciano De Marco, había decidido cerrar la Feria Frutihortícola Regional, con la que se provee a casi todos los mercados de la provincia. El Gobierno remarcó que la medida iba “en contra de lo que está ocurriendo a nivel nacional” y generaba “un gran perjuicio a los consumidores, productores y comercios”, además de que incumplían con el decreto 297/2020 en su artículo 6, inc. 13, que dispone como exceptuadas las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.
En síntesis, la resolución Nº 19 del COE dispuso la apertura de ferias mayoristas de Jujuy para los rubros referidos a productos comestibles, de sanidad e higiene; asimismo ordenó a cada feria mayorista el cumplimiento del decreto 741-G-2020. Y el Gobierno de Jujuy advirtió que los gobiernos locales deben recordar que “el Municipio carece de facultades para disponer una medida de esa naturaleza de manera unilateral e inconsulta”. Ayer, el Gobierno aclaró que sólo ingresarán productores y comerciantes a las ferias mayoristas habilitadas, que los particulares no pueden ingresar.
La Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy, días antes, hizo público el petitorio que le presentó al gobernador Gerardo Morales. El petitorio, firmado por el vicepresidente de la Cámara, Alejandro Bustamante, señaló como objeto “brindarle nuestro absoluto apoyo [al gobernador] y hacerle conocer la preocupación que nos embarga a todos los comerciantes y prestadores de servicio de Jujuy, en el entendimiento que hoy la salud pública es prioritaria y nos tiene que encontrar a todos los jujeños trabajando codo a codo”.
También, el documento señaló que el sector “tiene cientos de empleados que no tendrán los medios para enfrentar los costos económicos de esta crisis sanitaria”; y solicitó a Morales que “considere e interceda a nivel nacional”, por las siguientes 16 medidas que presentó como posibles de contribuir a preservar las fuentes de trabajo y el sostenimiento de la actividad, y que –es posible también analizar- no son del todo fáciles de obtener ni de lograr buena aceptación de parte de, sobre todo, los trabajadores:
- Gestionar ante las autoridades del BCRA la prórroga de los vencimientos de los cheques diferidos, emitidos con anterioridad al 15 de marzo del corriente año (o, en su defecto, que los rechazos por falta de fondos no afecten las calificaciones bancarias y los sistemas de información comercial privados).
- Eliminar los requerimientos bancarios respecto del pago puntual aportes y contribuciones que si no se pagan implican la no renovación de acuerdos e impiden el acceso a préstamos.
- Implementar créditos bancarios a tasa cero para pago de sueldos y alquileres.
- Eliminar por 60 días el cobro compulsivo mediante embargos que realiza AFIP.
- Suspender la aplicación de retenciones y percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos.
- Postergar por 60 días todos los vencimientos impositivos nacionales y provinciales.
- Eliminar por 60 días la aplicación de intereses resarcitorios y punitorios de las deudas con AFIP y resto organismos recaudadores.
- Eliminar por 60 días el componente impositivo de alimentos y productos de limpieza.
- Eliminar por 60 días el componente impositivo de tarifas de servicios públicos y combustibles.
- Eliminar las cargas sociales de Marzo y Abril de 2020.
- Prorrogar el vencimiento de las cuotas de los planes de pagos y moratorias en curso.
- Prorrogar el vencimiento de los servicios públicos.
- Suspender la aplicación del Art 248 de la ley de contrato de trabajo cuando la muerte del trabajador se produzca por coronavirus que impone al empleador el pago de medio sueldo por año trabajado.
- Acreditar en las cuentas bancarias los embargos que están trabados a la fecha.
- Analizar mecanismos de compensación para locadores y locatarios de alquileres comerciales.
- Suspender el corte, por falta de pago, de servicios básicos por 60 días (luz, gas).
A los días, el Ministerio de Empleo y Trabajo jujeño, invocando al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), convocó a proveedores de bienes y servicios para sumarse a ser parte de “una herramienta para ofrecer bienes y servicios asociativos a la comunidad ante la situación provocada por el coronavirus”, explicó la publicación oficial.
Las cooperativas, mutuales, federaciones y otras organizaciones de la provincia deberán completar el formulario de lo que el INAES presenta como Relevamiento Solidario de Cooperativas y Mutuales de bienes como en servicios esenciales en estos días de pandemia mundial y emergencia nacional y provincial.
Las convocatoria es para organizaciones que puedan proveer de productos e insumos médicos, productos de limpieza, alimentos; servicios (de hotelería, asistencia médica domiciliaria, farmacias), servicio de delivery (de alimentos, de productos de limpieza), logística y transporte, limpieza y desinfección entre otros. Desde el Ministerio informaron que los distintos organismos provinciales que participan, como la Dirección de Cooperativismo y Mutualismo dependiente de la Secretaría de Empleo, brindarán asesoramiento a través del envío de correo electrónico aquí, o llamando las líneas 0388-4258535 / 3885745266 / 3884653553.
Así las cosas, mucha ciudadanía espera que este aislamiento y, a la vez, casi obligatoria unión que impone la situación sanitaria actual nos lleven hacia sentidos donde se prioricen el bien común y a las personas y sectores con mayor vulnerabilidad (sanitaria y económica) ante todo, y que los gobiernos tomen las riendas para que así sea, a la vez que planifiquen con lógica de derechos el sostenimiento de las actividades productivas.
Algo bueno, al menos algo que nos haga sólo un poquito mejores, debiera salir de todo esto.