Hace unas semanas compartíamos aquí el análisis de Naciones Unidas desde su Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que con datos y estadísticas de los países miembros anticipó que para la región latinoamericana y caribeña el impacto de las medidas ante la pandemia por COVID-19 resultará en un 30% más de pobres en tan sólo un año (este 2020, bisagra para el mundo entero).
Ahora, la CEPAL hizo público el informe sobre la política fiscal ante la crisis derivada de la pandemia en los países que componen la región. Alicia Bárcena, su secretaria ejecutiva, sostiene allí que –tras las que ya están tomando algunos Estados- serán necesarias “rondas adicionales de iniciativas fiscales para proporcionar un impulso a la reactivación económica y responder a las crecientes demandas sociales”. “Para lograr este objetivo, será necesario que los países de la región cuenten con acceso adecuado a fuentes de financiamiento”, anticipa la alta funcionaria de la Comisión de Naciones Unidas.
El informe tiene datos tan interesantes como necesarios para repensar políticas. Uno de ellos es, por ejemplo, un promedio entre 16 países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) respecto a ingresos tributarios y otros ingresos de 2010 a 2019 inclusive: en esos 10 años, “los ingresos totales en América Latina han mostrado poco dinamismo en la última década (…) fueron equivalentes en promedio al 18,2% del PIB, con un coeficiente de variación del 0,8%”. “No obstante, resulta importante señalar el cambio observado en la composición de los ingresos totales durante la década. En 2010, los denominados “otros ingresos” —ingresos no tributarios, ingresos de capital y donaciones externas— en América Latina alcanzaron un 3,6% del PIB. Este valor cayó progresivamente a través de los años hasta llegar al 2,6% del PIB en 2018, antes de presentar un leve repunte al 2,8% del PIB en 2019”, detalla como punto de partida y como análisis de la situación macroeconómica que traía la región hasta llegar a 2020.
Desde esa contextualización, que también se adentra en la estrecha relación de la evolución de los ingresos totales con la tendencia de los ingresos fiscales provenientes de recursos naturales no renovables, el Panorama Financiero profundiza en datos y análisis de (siguiendo el recorrido de sus capítulos) la “Evolución de las finanzas públicas en América Latina y el Caribe en 2019”, “Los niveles de evasión tributaria y las principales medidas para abordar este fenómeno”, y el “Gasto público para impulsar el desarrollo económico e inclusivo y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
El informe presenta además 9 cuadros, 64 gráficos y numerosos recuadros que ilustran los datos, sus evoluciones y las proyecciones que describen pasado reciente, presente, necesidades, urgencias y posibilidades de la región latinoamericana.
Curiosamente, la presentación del Informe desde CEPAL enfatiza: “La pandemia ha expuesto deficiencias en los sistemas de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social, y en la limitada provisión crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad. Por lo tanto, la región debe acelerar la transición hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible mediante la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de los sistemas de protección social – incluyendo la adopción de un ingreso básico universal-, y que proporcionen sistemas de educación y salud de calidad, y sistemas de pensiones de calidad”. No es la primera vez que el organismo internacional advierte que la región necesita primero superar amplias urgencias debido a la pobreza que provoca la desigualdad.
El informe está a disposición de los Gobiernos y ciudadanía de toda la región para su descarga aquí.