Jorge “Colo” Rizzotti acompañó la aprobación del Presupuesto nacional 2021, y expresó en la intervención que insertó en la sesión que tal acompañamiento responde a la tarea del Poder Legislativo de asegurar caminos institucionales y evitar discrecionalidad en las asignaciones de recursos. Pero los datos concretos con los que instó a que no dejen de pensarse –para superarlas- las asimetrías de distribución de recursos desde Nación a las jurisdicciones, que generan realidades financieras y de desarrollo social distintas y desiguales.
“Quiero llamar la atención sobre algunos temas que esta discusión trae a la luz y pone de resalto. Temas como el federalismo, una eterna deuda pendiente en la Argentina, que proclama este principio en su Constitución pero no ha podido jamás hacerle justicia. Vengo de Jujuy, parte del norte argentino, una región largamente postergada y frecuentemente ignorada. Y es ésa una realidad que no podemos limitar al texto de esta ley o a la actual gestión. Por el contrario: se vincula con asimetrías e injusticias que hunden sus raíces en la historia de nuestra Nación”, enmarcó su señalamiento Rizzotti, y continuó que “es relevante hablar de esas asimetrías cuando discutimos el Presupuesto porque hay cuestiones que van más allá de la asignación de obras, el otorgamiento de avales o los ingresos del Tesoro, que en mi opinión están siendo sobreestimados.
Las cuestiones en las que hizo foco el legislador jujeño son las vinculadas con los programas y servicios que recibe cada jurisdicción, que, expresó “reflejan un desarrollo asimétrico que violenta el principio de federalismo al que estamos obligados por nuestra Constitución”. “Así, si tomamos el gasto total presupuestado con ubicación geográfica en CABA y lo dividimos por su número de habitantes, el resultado es $719.812. Si hacemos lo mismo con Jujuy, la suma es muy inferior: $111.583. Sabemos que muchos gastos comunes, de dirección o planificación, se imputan a la Capital, pero ello no basta para explicar esta asimetría, que también aparece en los subsidios al transporte o a los servicios”, puso en atención. Y tras observar que AySA, empresa que presta servicios en CABA y provincia de Buenos Aires, recibirá cerca de lo que reciben varios gobierno provinciales, señaló que también son preocupantes “las diferencias en programas de gran importancia social, como las políticas alimentarias”.
“Por este concepto, y al dividir por habitante, se destinan $4.140 a la CABA y sólo $2.887 a Jujuy. Hay muchos programas sociales de los que gozan muchas provincias y la Capital, pero que en Jujuy directamente no existen. Un ejemplo muy ilustrativo lo hallamos en las “Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, que tienen un abultado presupuesto de $2.190.396.256 para CABA y cero pesos para Jujuy”. Y otro ejemplo –duro para este año tan marcado por la violencia contra la mujer en la provincia: “preocupa que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tiene a cargo políticas muy sensibles, no tenga ningún presupuesto a ser ejecutado en Jujuy -más allá de las trasferencias pertinentes a servicios sociales”, mostró Rizzotti.
“También es violentado el federalismo en casos como el del Impuesto País, cuya recaudación se incrementaría en un 89% respecto al 2020 por el aumento del tipo de cambio y la reactivación del turismo. Este impuesto, que representa un 18% de lo recaudado por Ganancias y un 57% de lo recaudado por las retenciones, no se coparticipa. Es decir que se asigna discrecionalmente. ¿Cómo podemos lograr un federalismo auténtico si no hay reglas claras a la hora de distribuir los recursos?”, dejó preguntado el legislador nacional por Jujuy.
En su interpretación, Rizzotti destacó que “estos programas pueden significar la diferencia entre una educación más o menos robusta, entre una política social más contundente o más endeble, entre un desarrollo más equitativo o más asimétrico”. “Son cuestiones que merecen un análisis detenido, especialmente en el contexto actual de pandemia que atravesamos, un contexto que ha puesto en crisis muchas de las funciones esenciales del Estado. (…) ese análisis, acompañado de una discusión honesta sobre los recursos y las prioridades, puede ser el punto de partida para un consenso político que supere las chicanas y las pujas miserables. La crisis nos ha puesto frente a un abismo, y ello requiere la máxima de las responsabilidades por parte de toda la dirigencia política”, cerró antes de reiterar su acompañamiento a la ley.
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