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Las personas a las que apunta beneficiar la iniciativa legislativa de Rizzotti son las que tienen entre 18 y 30 años, extendiéndose a 16 en los términos de la Ley nacional 20.744 y sus modificatorias, con menos de 48 meses de aporte (continuos o discontinuos), sin aportes aún de empleo debidamente registrado, y monotributistas sociales (a quienes no se les tomará como aporte los que se hayan realizado en este régimen).
Podrán adherir al programa las micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes) que, entre otros requisitos, no hayan efectuado despidos en un período mínimo de meses desde la sanción de la ley; tampoco podrán sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral por beneficiarios de la iniciativa. Deberán incorporar a jóvenes por un período mínimo de 24 meses, y con eso tendrán derecho a una reducción del 100% de las contribuciones patronales, podrán deducir a cuenta del Impuesto a las Ganancias por 24 meses un equivalente al 30% del salario mínimo, vital y móvil por cada persona contratada.
Hay puntos clave para la inclusión de jóvenes en el régimen que plantea el proyecto de ley: ésta será compatible con la percepción de prestaciones de seguridad social que las personas tuvieren al momento del inicio de la relación laboral; los beneficios de la ley estarán condicionados al cumplimiento de la obligación de concluir sus estudios secundarios (en caso de estudios en curso, la habrá plazos de finalización); y recibirán capacitación por parte de las empresas.
“La problemática del desempleo juvenil es un desafío en nuestro país, en cada provincia, y eso impacta en sus proyectos de vida y en el presente y futuro de toda la sociedad; y las condiciones laborales precarias en las etapas iniciales pueden perjudicar de manera permanente las perspectivas laborales futuras”, enmarcó Rizzotti, sumando que “en Argentina más de la mitad de la población desempleada son personas menores de 30 años, la tasa de desempleo en este grupo es considerablemente mayor que en otros grupos, y la informalidad laboral también afecta a más del 60% de los jóvenes, y eso contradice el desarrollo laboral equitativo”. “Es esencial que el gobierno nacional facilite una rápida integración al mercado laboral, y reconozca que las empresas desempeñan un papel crucial en esta tarea”, indicó el legislador por Jujuy.
Rizzotti señaló que “el programa ‘Empleo Joven’ que planteamos tiene antecedentes similares y merece la atención y consideración de las autoridades: la Constitución Nacional y las leyes respaldan el acceso al trabajo en sus diversas formas, pero el desempleo juvenil sigue siendo un desafío estructural, al que la pandemia ha exacerbado”. “Sólo mediante facilitar el empleo formal, alentaremos la cultura del trabajo y estaremos construyendo inclusión social”, “para eso, proponemos reducir los costos de capacitación e iniciación para empleadores, brindar beneficios directos a jóvenes, formalizar el empleo, evitar la sustitución de trabajadores adultos por jóvenes, promover la educación secundaria y garantizar los derechos laborales”, planteó.
El proyecto ingresó, además de con la firma de Rizzotti, con el acompañamiento de los diputados Martín Arjol, Hugo Romero, Manuel Aguirre, Pedro Galimberti y Fernando Carbajal y de la diputada Marcela Coli.
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