La mordaza del Banco Central y su impacto en la economía

(Por Pablo Ernesto Mármol, doctor en Derecho) En 1935 nace el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En sus comienzos lo hizo como una entidad mixta (público/privada), la cual contaba con la potestad exclusiva de poder emitir billetes, ya que hasta ese momento existían cuasi monedas, pudiendo efectuar acumulación de reservas internacionales, teniendo como función principal ejercer el poder de policía sobre las entidades financieras, pudiendo actuar como agente financiero del Estado.

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La ley 24.144 (Carta Orgánica del BCRA) modificó todas las disposiciones normativas anteriores fijando funciones específicas de la entidad, las cuales fueron actualizadas a través de la ley 26.739, cuya finalidad sería: “promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social” (art. 3).

Tras la corrida bancaria de abril de 2018, Argentina se encontró inmersa, una vez más, en una crisis de deuda pública producto de la salida del sistema financiero de ingentes sumas de capital especulativo, obligando a nuestro país a recurrir a organismos de crédito con miras a evitar un nuevo default.

Este acuerdo de asistencia financiera (por un total de US$ 50.000 millones durante 36 meses) se concretó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se implementó a través un programa stand by de desembolsos parciales con una modalidad novedosa: la fijación de bandas con un piso y un techo de no intervención por parte de la autoridad monetaria (BCRA), respecto de la cotización del dólar. Esta zona de no intervención se definió, inicialmente, entre 34 y 44 pesos por dólar, ajustándose diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fines de 2018.

Mediante este programa el BCRA asumió el compromiso de no incrementar la base monetaria, lo cual debe leerse en el sentido de que el Banco Central no emitiría más dinero que el necesario para sostener al mismo nivel la base monetaria (igualdad entre activos y pasivos), alejándose de la política implementada por Sturzenegger de metas de inflación, con el firme propósito de contener, precisamente, el incremento de precios reinante.

Lo que nunca se esperó, incluso para los más prevenidos, es que el dólar producto del enfriamiento de la economía perfore el piso de la banda de flotación, obligando, de esta forma, al Banco Central a salir a comprar dólares para contener la apreciación de nuestra moneda. A punto tal que el Banco Central se vió forzado a incrementar los montos de compra de moneda extranjera, limitada en un primer momento a 50 millones de dólares diarios hasta el mes de enero, elevándola a 75 millones diarios de la misma moneda durante el presente mes de febrero, inyectando al mercado, en forma diaria, grandes sumas de dinero.

Por otro lado, en la hipótesis más esperada, si el tipo de cambio superara el techo de la banda de flotación fijada en el acuerdo firmado en el mes de octubre (FMI y BCRA), esto exigiría que el organismo monetario salga a vender dólares para contener el tipo de cambio. Con un alza en la cotización de la moneda norteamericana, el BCRA realizaría ventas diarias de moneda extranjera por hasta 150 millones de dólares, con el fin de producir una contracción de la base monetaria que tendería a corregir la depreciación de nuestra moneda. Esto implicaría, por otro lado, la pérdida de reservas, con las sabidas consecuencias que ello implica en el tipo de cambio, por la posibilidad de producirse otra corrida cambiaria.

Este sistema de bandas se implementó con el fin de evitar la emisión de pesos, sin reparar en los efectos que este remedio tiene en todos los sectores de la economía, ya que al salir el BCRA a comprar dólares para mantener el valor de la moneda norteamericana, por el piso fijado en el acuerdo con el FMI, aumenta la base monetaria circulante y produce el mismo efecto que si emitiera billetes: aumenta la inflación.

Las LEBAC sustituidas por las LELIQ (con rendimientos de más de un 60% de intereses en un comienzo) no hicieron más que secar la plaza de pesos, generando un enfriamiento de la economía a los fines de reducir la alta inflación. Si bien es cierto que, en alguna medida, este objetivo se cumplió parcialmente, al descender los índices de un 6,5% en el mes de setiembre a un 2,5% en diciembre, lo que anualizado cerró con la inflación más alta de los últimos 27 años, la tendencia a la baja parece haberse estancado.

Hasta el momento, los datos que se conocen dan cuenta de una retracción de la actividad económica y un mantenimiento de los índices inflacionarios alrededor de un 2,5% mensual, lo cual sigue siendo alto, en particular, para aquellos sectores no exportadores.

La particularidad del acuerdo firmado con el organismo internacional de crédito en junio de 2018 es el destino que se la daría a esos desembolsos: pagar los intereses de deuda y garantizar el tipo de cambio frente a una eventual corrida bancaria para sustituir pesos o LELIQ por dólares. O sea, los fondos no serían aplicados a programas de fomento del empleo y la producción con las consabidas consecuencias que ello trae para la economía toda. A la misma vez, garantiza que inversores extranjeros mantengan altos rendimientos, por la adquisición de bonos u otros instrumentos financieros, sin correr riesgos.

Todo este esquema obliga a efectuar un fortísimo ajuste económico y fiscal, incrementando la presión tributaria sobre todo en las PyME para pagar los intereses de la deuda contraída y recortar el gasto público para cumplir con el mismo objetivo, ahogando la economía.
Los datos brindados por distintos medios de comunicación en los últimos días, las altas tasas de interés que impiden a la pequeña empresa acceder al crédito, a lo que se suma el incremento de tarifas anunciado a fines de diciembre y el aumento de intereses resarcitorios y punitorios comunicados por la AFIP (Resolución 50/2019) anticipan un escenario complejo para el sector PyME, el cual se vió reflejado con algunos datos: cierre de 2500 comercios en GBA y CABA durante el mes de enero (Ámbito Financiero, 11/02/19); derrumbe de los niveles de empleo, pérdida de poder adquisitivo del salario, caída en las ventas, disminución de operaciones para la adquisición de automóviles y vehículos para el agro, aumento de los índices de pobreza, etcétera.

En definitiva, el acuerdo celebrado con el organismo internacional por el Banco Central tiene como única finalidad mantener el tipo de cambio, impedir que la entidad monetaria asista al tesoro a los fines de no incrementar el déficit y tratar, en lo posible, de contener la inflación, proyectada para el presente ejercicio en la ley de presupuesto en un 23% (ley 27.467).

Sin embargo, las metas fijadas por el FMI impiden, de alguna forma, que el Banco Central cumpla con aquellas otras finalidades referidas en su carta orgánica:  empleo y desarrollo económico con equidad social (art. 3), ya que las altas tasas de interés (40% y más), aún vigentes, para inversiones a plazo fijo estimulan la apuesta al negocio financiero y desincentivan la inversión productiva, asfixiando aún más la actividad económica la cual lleva varios meses de caída, en un contexto completamente recesivo, lo cual obliga a repensar acerca de ciertos temas: tasas de interés,  créditos para el sector PyME, tarifas, tipo de cambio y presión tributaria.

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