Políticas públicas de géneros y diversidad: transformar la ficción en realidad

(Por María Andrea Territoriale, docente de Ciencia Política. Diplomada universitaria en Violencia de Género, derechos y movimientos de mujeres. Co-Fundadora de AMA -Acción integral en Género, Justicia y Derechos Humanos-, Integrante del área de Género de la Fundación Juanita Moro) Desde hace décadas, las mujeres y colectivos LGTByQ+, identidades disidentes y no binarias; demandamos a los gobiernos políticas públicas que atiendan necesidades y problemáticas específicas. Nuestros logros han sido a fuerza de lucha e incidencias activas, abriendo los caminos que nos habían sido vedados y haciendo circular las voces que jamás fueron escuchadas.

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Podemos definir a una política pública como acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de dichos problemas y soluciones. Hablamos de construcciones transversales y dialécticas con activa participación de la sociedad.


Ejemplo de ello han sido leyes como la que establece el Programa Nacional de Educación Sexual Integral; la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; la de matrimonio Igualitario; la ley que establece el derecho a la identidad de género de las personas y la ley Micaela de capacitación en género y violencia contra las mujeres a los poderes del Estado. Son algunos hitos de esta lucha, que han servido de modelo en toda Latinoamérica y el mundo.

El plexo jurídico-normativo de Argentina reconoce el valor de los Derechos Humanos, colocando al Estado en un rol de responsabilidad al ser garante de los mismos. Nuestra demanda implica reconocernos como sujetxs de derechos, cuidadanxs activxs, los cuales no pueden ser libradxs a su suerte, sin condiciones fácticas que permitan vivenciar esos derechos como una realidad concreta y no como ficciones que representen meros objetivos aspiracionales.

Nuestras reivindicaciones exigen una vida libre de violencias y discriminación, sin femicidios ni trans-travesticidios; el reconocimiento de las tareas de cuidado que histórica e ingratamente eran avaladas por roles y estereotipos de género; exigimos acceso a la justicia, trabajar sobre las brechas de género en el ámbito laboral; necesitamos educación sexual integral, salud sexual reproductiva; exigimos que el aborto sea legal, seguro y gratuito; pedimos que el cupo laboral travesti-trans sea efectivo. Nuestra lucha es por todos los derechos civiles, políticos, laborales, sociales, culturales y ambientales, históricamente vulnerados.

El PEN encabezado por Alberto Ángel Fernández, ha creado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; hecho histórico. Es la primera vez que el Gobierno Nacional crea un organismo Ministerial con una órbita de acción específica en esta materia.

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta declaró que su gestión se basará en los siguientes lineamientos: prevención y erradicación de las violencias de género en todos sus tipos y modalidades, y la asistencia y reparación a sus víctimas; y la igualdad y diversidad con el objetivo de impulsar la autonomía de las mujeres y las personas LGTByQ+. Para ello será clave impulsar la formación, investigación y el diseño de políticas que tengan como objetivo la promoción del cambio cultural que, como condición necesaria de la igualdad, debe generarse en la sociedad argentina.

Si bien el núcleo de demandas es específico en relación a las mujeres, los géneros y la diversidad; el mandato del Ministerio es trabajar transversalmente en todas las esferas del Estado. Pensar en políticas públicas de género, implica una concepción abarcativa y no un núcleo aislado de medidas.

El principal desafío de este Ministerio será que dichas políticas se federalicen en provincias donde es habitual la violencia machista y donde impedir el acceso a los derechos es moneda corriente, vulnerando los derechos humanos fundamentales.

Actualmente, el movimiento feminista y LGTByQ+ logró instalar una agenda ineludible para gobiernos y medios de comunicación. Ello implica, para nosotras, logros, compromisos y esperanzas, en una tarea que comienza con desafíos inconmensurables. Para las organizaciones de la sociedad civil, el reto es mayor, ya que realizamos el monitoreo social de las políticas públicas que demandamos e intervenimos en el campo.


Desterrar las prácticas hegemónicas de una sociedad atravesada por una cultura patriarcal intrínsecamente machista, es tarea de todas, todes y todos; gobiernos, fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil. Somos sujetxs activos en la construcción de políticas públicas, para que las mismas dejen de ser ficción y se transformen en realidad.

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