La nueva revolución industrial tiene color y es verde marihuana. O cannabis, para hablar con mayor precisión botánica, y porque el desplazamiento de los términos refiere sobre todo a instituciones legales: en 2017 Argentina tuvo su ley 27.350, de ‘Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados’. En Jujuy, como te contamos aquí (https://injujuy.info/nota-principal/jujuy-pionera-en-la-produccion-de-cannabis-medicinalv ) en 2018, la ley provincial 6012, de mayo de 2017, y luego la 6088, de Creación de la Empresa Pública - Cannabis Avatara Sociedad del Estado (CANNAVA S.E.), de 2018, el Estado provincial hizo enormes inversiones desde entonces en la primera empresa argentina (y estatal, jujeña) en producir desde la semilla aceite medicinal de cannabis: el producto estrella reciente de Jujuy: Cannava CBD10.
Desde entonces, tanto a nivel nacional como de los Estados provinciales del país (con Jujuy a la cabeza del desarrollo de la investigación científica y de producción para uso medicinal), el camino de iniciativas y avances legislativos ha sido incesante, aún con ‘refundaciones’, como la que se dio en 2020 con la nueva reglamentación de la 27.350, que derogó la del gobierno de Macri.
Ahora, el Poder Ejecutivo nacional tiene en agenda del parlamento argentino el proyecto de ley de ‘Desarrollo de la Industria de Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial’. La iniciativa plantea un marco regulatorio para desarrollar la cadena de producción y comercialización (nacional y para exportación) de derivados de la planta de cannabis para uso medicinal y también –ampliando la visión productiva de la planta- para uso industrial.
La futura ley (está confirmado el acompañamiento de la mayoría en los bloques de legisladores y legisladoras) excluye el autocultivo, y también al cáñamo de aplicación de 23.737, de estupefacientes. También, crea la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, y será esta agencia la que otorgue las autorizaciones administrativas para las actividades de la cadena de producción. El Instituto Nacional de Semillas (INASE) accionará y hará efectivos los procesos que certifiquen trazabilidad, y la ARICCAME coordinará con los Ministerios de Salud, Seguridad, Agricultura y Ambiente, ANMAT, SENASA, INASE, INTA, AFIP, ANLAP y más para los desarrollos aprobados.
Otra creación en el Estado nacional que implica esta iniciativa de ley es la del Consejo Federal para el Desarrollo de la ICCAME, además de sostener el Consejo Consultivo. Y una previsión muy importante: prevé la promoción de acciones que involucren al Instituto Nacional de Empresas Sociales (INAES), como también un régimen sancionatorio y un régimen simplificado para obtención de autorizaciones y licencias a proyectos en el marco de la 27.350.
Desde Jujuy, que tiene mucho para decir al respecto, ya se expresaron algunas posturas, y otras se intuyen, como la de las y los legisladores justicialistas. Como oposición en el Congreso y como oficialismo en la provincia, el diputado nacional Jorge Rizzotti expresó que “la ley es necesaria para seguir avanzando en el camino que muchas provincias, la nuestra a la cabeza, vienen desarrollando como parte de la diversificación de sus matrices productivas”.
“Son 19 iniciativas de gobiernos provinciales, municipales, universitarios y de empresas privadas que ya tienen acompañamiento de normativa nacional complementaria a la ley 27.350 y que requieren más acompañamiento de la regulación para hacer óptimo el camino de producción de conocimiento y medicina, a la vez que de generación de trabajo que implica la producción de derivados medicinales de cannabis y, también, el cáñamo como industria”, señaló Rizzotti, quien sumó que “la industria del cannabis y el cáñamo ya tiene, con Jujuy por ejemplo, bases sólidas en la industria nacional, y significará condiciones de posibilidad de crecimiento de las economías regionales: en Jujuy, hoy hay 140 trabajadores y trabajadoras en Cannava trabajando en las 35 hectáreas en producción y en el Complejo de Biotecnología; la expansión productiva generará a 600 hectáreas en lo que sigue significarán 1.800 puestos de trabajo más, y hablaremos de cerca de 5.000 puestos de trabajo cuando lleguemos a las 2.000 hectáreas”.
El Estado nacional, en cambio, está todavía en un momento incipiente de su “infraestructura” institucional respecto a la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. En 2021, el Senado estimó una inversión de $159 millones para el funcionamiento de la ARICCAME y otras instituciones que establece el proyecto de ley que estuvimos analizando (que ya tiene dictamen del Senado y de Diputados).
Sin embargo, todo parece indicar que la iniciativa está entre las prioridades de la agenda legislativa, y que la industria que agita una nueva revolución industrial gana terreno en el país, como ya lo viene ganando –y seguirá- en Jujuy.
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