El ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Exequiel Lello Ivacevich, fue el que tomó la palabra en nombre del Ejecutivo provincial, y expresó desde medios oficiales que el Gobierno de Jujuy apoya la prórroga de la Ley 26.093 de Biocombustibles en lo que consideró una “apuesta al crecimiento sostenido y equilibrado del NOA y el NEA”. También, sumó que dejarla caer “tendría consecuencias catastróficas en las economías regionales del norte y la región central del país”. También opinó que “sería impensable quedar sin corte obligatorio de bioetanol, sería tirar por la borda todo lo logrado desde 2006” y agregó que “no hay desarrollo posible del país sin un crecimiento sostenido y equilibrado del NOA y el NEA”.
Pero ya en julio del año pasado el diputado nacional Jorge “Colo” Rizzotti (de la UCR) había hecho público su proyecto de Ley para ampliar su vigencia no hasta 2025 (como lo propone el proyecto que espera la otra media sanción en la Cámara de Diputados) sino hasta 2035, además de un aumento progresivo del corte obligatorio del 15% hasta el 27,5% en el año 2025.
El proyecto de Rizzotti, inspirado en el modelo brasileño (que ya maneja el corte del 27,5%), también promueve el desarrollo de vehículos de combustible flexible o “flex fuel”, y propone la existencia de un mercado voluntario donde las partes puedan acordar precios libres una vez cubierta la cuota impuesta por la ley.
También la diputada nacional Gabriela Burgos (UCR) y el diputado nacional Osmar Monaldi se sumaron a la propuesta de Rizzotti de profundizar la política de promoción y producción de biocombustibles en el país. En una expresión conjunta, con fuerte anclaje en el argumento ambiental, señalaron que “las bioenergías proponen un modelo de economía circular, en concordancia con la reciprocidad entre las personas y el ambiente que nos enseña la Pachamama”, y que también hacen al programa Jujuy Verde Carbono neutral 2030, establecido por decreto provincial N° 1169, de 2016.
“Tampoco puede desconocerse su impacto (el de los biocombustibles) sobre las economías regionales y la creación de fuentes de trabajo, ya que hay 300.000 empleos directos e indirectos que dependen de la industria de los biocombustibles, con 54 plantas distribuidas en 10 provincias a lo largo del país”, sostuvieron en el documento, y sumaron el dato de que “el régimen de promoción de la ley 26.093 significó una verdadera política de Estado de industrialización de la ruralidad. Los biocombustibles sustituyeron importaciones de nafta y gasoil por más de U$S 10.800 millones en el período 2010-2019, convirtiéndonos en los primeros años en el principal exportador a nivel mundial de biodiesel”.
Lello Ivacecich hizo públicas más cifras en igual sentido, e indicó que sólo en el 2019 sus divisas representaron u$s 1.420 millones y el bioetanol sustituyó importaciones de naftas por u$s 520 millones.
Tanto la y los legisladores nacionales Burgos, Rizzotti y Monaldi como Lello Ivacecvich destacaron también que haber desarrollado la actividad la década pasada, permitió en pandemia que la industria argentina provea todo el alcohol necesario, inclusive para exportar a los países vecinos.
Resta esperar el tratamiento y definición en la Cámara Baja del Congreso sobre la política de biocombustibles, de gran incidencia en una provincia como la nuestra, donde la industria sucro-alcoholera es hasta estructurante de la economía y cotidianidad de pueblos y regiones enteras.