Informe 818 de IDESA
Un hecho que pasó inadvertido para los porteños son los paros de colectivos en varias ciudades del interior. Se trata de un conflicto no resuelto que los medios nacionales de comunicación, asentados en la capital, lo toman con una mera noticia local. Sin embargo, su impacto es masivo y tiene origen nacional.
El paro de colectivos urbanos en el interior se produce por la confluencia de dos factores. Por un lado, el convenio colectivo de trabajo para el transporte urbano lo firman la Unión Transporte Automotor (UTA) y las cámaras empresarias con parámetros de la Ciudad de Buenos Aires para ser aplicado en todo el país. El otro factor, es que a partir de este año se desactivó el mecanismo a través del cual el gobierno nacional subsidiaba el boleto de colectivo en la región metropolitana y las provincias. Esto implica que mientras los salarios se fijan a nivel central, el financiamiento tiene que ser resuelto a nivel local aplicando aumentos de tarifas, cambiando los servicios o con subsidios locales. Como agravante, hay indicios de que el gobierno nacional le mantuvo a la región metropolitana el subsidio para financiar este convenio colectivo potenciando el conflicto en el resto de las ciudades.
¿Es viable pretender aplicar las mismas remuneraciones a todo el país? Una manera de abordar este interrogante es comparando las diferencias salariales según regiones del país. En este sentido, según la encuesta de hogares del INDEC se observa que:
- En la Ciudad de Buenos Aires la remuneración promedio en el conjunto de las empresas privadas asciende a $28 mil mensuales.
- En las provincias del norte argentino esta remuneración es de $15 mil mensuales.
- Esto significa que en la Ciudad de Buenos Aires se paga casi el doble de salario que en las provincias del norte.
Estos datos muestran que en la Ciudad de Buenos Aires se pagan salarios mucho más elevados que en las regiones menos desarrolladas. La explicación es la mayor productividad ligada al tamaño de mercado, la formación de los recursos humanos, la infraestructura y las mejores tecnologías e innovación, entre otros factores. Frente a brechas de productividad tan grandes resulta inviable para un amplio espectro productivo del interior aplicar un convenio colectivo centralizado definido según los parámetros de la Ciudad de Buenos Aires.
El caso de los colectivos es sólo un testimonio de un problema muy antiguo y generalizado del modelo de negociación colectiva en Argentina. El Estado otorga el monopolio del poder de negociación a un solo sindicato central, que puede ser por actividad, rama u ocupación. Estas entidades y sus pares representantes de los empleadores suscriben acuerdos que tiene extensión automática y obligatoria a todas las empresas, independientemente de si los empleadores y empleados están asociados a las entidades que firman el convenio colectivo. Como el tejido productivo es muy heterogéneo, para muchas empresas –especialmente las pequeñas que son las prevalecientes en el interior– los salarios fijados en los convenios colectivos resultan imposibles de pagar. Esta es una de las principales razones por las cuales en el norte del país más de la mitad de los asalariados privados trabajan en la informalidad.
La solución de fondo es romper con la anacrónica regla de imponer convenios colectivos centralizados a todo el país. Un paso importante se daría si la Secretaría de Trabajo habilitara instancias de negociación a nivel descentralizado. En el caso de los colectivos urbanos, por ejemplo, las seccionales sindicales de cada ciudad deberían negociar con las cámaras empresarias de la región las remuneraciones y demás condiciones laborales en función de la capacidad de pago del boleto de los habitantes de la localidad y de las posibilidades del municipio de subsidiar el boleto. Así, se podrían adaptar los salarios a las condiciones de cada lugar, tanto en la modalidad de los servicios, los costos de vida de cada ciudad y la situación fiscal de cada municipio.
Es imprescindible también que el gobierno nacional deje de subsidiar el boleto de colectivo en la región metropolitana. Mantener esta mala práctica legitima las presiones del interior que piden subsidios nacionales para eludir la solución de un problema que debe ser resuelto en cada ciudad. El gobierno nacional debe hacer con el transporte urbano lo que hizo con la electricidad: transferir su regulación a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.
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