Rizzotti compartió acerca de recientes ingresos de proyectos para el análisis y acompañamiento de sus pares, entre ellos un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de Vialidad Nacional del Ministerio de Obras Públicas, informe sobre avances de ejecución y procesos previstos hasta finalizar la ejecución de las obras de duplicación de calzada de RN 34, RN 66 y RN 1V66, licitadas en 2017, y las de ejecución de Corredor Vial Noroeste en RN 34, tramo empalme RN 66 - acceso Norte a San Pedro, en Jujuy, licitadas en 2020.
“En Jujuy, la RN 34 conecta ciudades como San Pedro, Libertador General San Martín, Calilegua, entre otras, además de ser protagonista en los accesos a Caimancito y a Yuto; la 66, a la vez, es clave en el empalme con la RN 9 en San Salvador de Jujuy y el aeropuerto Horacio Guzmán, trayecto en el que también conecta las grandes ciudades de Palpalá y Perico, y se constituye en la conexión entre la zona de valles y la zona de yungas jujeñas”, describió el diputado nacional, y destacó que “tanto los valles como las yungas son regiones de mucha población en Jujuy, y de gran producción agro-ganadera, maderera e industrial sucro-alcoholera”.
“La RN 34 es, en la dinámica productiva de Jujuy, especialmente clave, vital”, reforzó Rizzotti, “y eso fue reconocido respondiendo las gestiones nacionales a la gestión del Gobernador Gerardo Morales”; “ahora requerimos información actualizada sobre estas obras públicas que inciden en la Provincia y la ciudadanía de Jujuy, en sus políticas y cotidianidad, respectivamente, para mayor previsión, planificación y cuidados”, sumó.
Modificaciones a la ley de Tránsito
Rizzotti informó también sobre dos proyectos de ley que ingresó días atrás, y que buscan modificar artículos de la Ley de Tránsito, 24.449, referidos, unos, a la solicitud del informe de antecedentes de infracciones -que muchas jurisdicciones interpretan como “libre deuda de infracciones”- y sanciones previa al otorgamiento de la licencia nacional de conducir, y otro, a la revisión técnica obligatoria (RTO).
La iniciativa que busca modificar el inciso “c)” del artículo 13º y el artículo 14º de la Ley 24.449, de modo tal que siga la exigencia de –antes de otorgar una licencia- requerir al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito informes de infracciones y de sanciones penales en ocasión del tránsito, más los informes específicos para la categoría solicitada, y que de registrar el titular antecedentes por infracciones graves o en cantidad superior a la que se determine en la reglamentación, se deban revalidar los exámenes teórico-prácticos, aunque señalando que la existencia de infracciones en ocasión de tránsito no podrá ser impedimento para el otorgamiento o renovación de la licencia.
“Este proyecto apunta a darle a quienes soliciten el otorgamiento o la renovación de la licencia de conducir, la posibilidad que la jurisdicción se las extienda por única vez un plazo de un año; de esta forma, estaríamos garantizando a la ciudadanía el ejercicio pleno de su derecho de defensa otorgando un plazo razonable para que el sujeto pueda notificarse y discutir la existencia de procesos sancionatorios en su contra, sin que esto implique la pérdida de su derecho a seguir estando autorizado a la conducción vehicular”, explicó el diputado jujeño, quien aclaró que “esto no incluye a las sanciones graves ni al sistema de descuento de puntos que la ley articula de manera diferente”.
El otro proyecto busca la modificación del artículo 34º de la Ley de Tránsito, para superar la delegación de la RTO en talleres específicamente designados para esa función. “Entendemos que la incorporación en el texto de la ley, de dos principios de actuación: celeridad en la atención y menor costo para el usuario, sumado a que las concesionarias oficiales puedan sumarse a brindar este servicio incentivará la ampliación de talleres habilitados y la mejora en el servicio”, argumentó Rizzotti, tras el señalamiento, a la vez, de las situaciones de monopolio que puede propiciar la actual modalidad de talleres autorizados.
Rizzotti amplió que “incorporamos garantizar la plena validez de la revisión practicada por un taller autorizado en todo el territorio nacional”, y que “considerando que las diversas jurisdicciones han asignado plazos determinados y diferentes para la realización de las RTO, se pueda garantizar un plazo mínimo de 1 año para todo el territorio nacional, exceptuando al transporte de sustancias peligrosas y al de pasajeros, por entender que representan un segmento de mayor riesgo y en consecuencia de control más estricto”.
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