Por ejemplo, cuando uno compra un paquete de arroz, el 42% se lo queda el Estado a través del cobro de distintos impuestos. En las verduras el 40% de impuestos queda en el fisco, y en el caso del queso crema casi la mitad corresponde a impuestos estatales. En productos envasados como yerba y polenta casi el 50% va a parar a las arcas estatales. En cada pack de galletitas este monto es del 45%, al igual que ocurre en el caso de la carne. Si tomamos dos paquetes de fideos, uno queda para una familia y un puñado casi entero se lo queda el Estado. Y si consideramos de cada caja de leche un vaso de leche queda para el Estado en el cobro de impuestos.
Un caso particular es lo que sucede en las gaseosas, donde los impuestos son del 50%. Esta carga tributaria podría deberse a que este tipo de bienes pueden generar daños a la salud (incrementar el riesgo de diabetes), y son parte de las políticas preventivas a nivel mundial.
En el mundo se utilizan este tipo de impuestos por las externalidades negativas que generan en términos de salud. “Hay que estimar el valor de esa externalidad negativa y gravar para cubrir esos costos. Sin embargo, muchas veces se trata de impuestos que son muy fáciles de recaudar porque la industria está muy concentrada (en el caso de los cigarrillos, por ejemplo) y por eso se utilizan con mucha intensidad, pero esos niveles de tributación podrían exceder el costo en salud”, advierte Cynthia Moskovits, economista de la Fundación para Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
Consultados sobre los fundamentos económicos que sostienen la estructura de impuestos sobre los bienes de consumo en nuestro país, donde el Estado se lleva casi el 50% en impuestos de los productos que integran la canasta básica del Indec, los especialistas en economía explican que Argentina es un país con alta presión tributaria y que junto a Brasil son los mayores en Latinoamérica.
“Argentina tiene un sistema tributario que recae excesivamente en impuestos a las ventas y que suelen ser “invisibles” a los ojos de los votantes. Sumando ambas características tenemos esta situación en la cual cada vez que compramos algo, entre el 35% y 50% de lo que pagamos son impuestos, incluyendo el caso de la mayoría de los alimentos”, explica Marcelo Luis Capello, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.
En la misma línea de análisis Daniel Artana, economista de la Fundación para Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), considera que la presión tributaria en Argentina es de las más altas de la región porque el gasto público/PIB es de los más altos de la región. “Si el gasto es alto los impuestos serán altos. Y en la región la recaudación de impuestos a las ganancias es relativamente baja”, describe.
En relación a las razones por las cuales el alto porcentaje de impuestos que cobra el Estado recae en el consumidor final, el especialista agrega que en otros países suele existir un solo impuesto general a las ventas, a lo sumo dos. Pero en Argentina tenemos tres, el IVA nacional, Ingresos Brutos en las provincias y la Contribución sobre comercio e industria en los municipios.
“En otros países suelen aplicar solo el IVA, con alícuotas que pueden ir del 15% al 22%. En Argentina ya con el IVA la alícuota es del 21%, y debe sumarse Ingresos Brutos (IIBB), alrededor de 6%, porque aplica “en cascada” y la tasa municipal, que agrega otro 1% – 2% en cascada. En total, solo por esos tres impuestos, tenemos un impacto cercano al 30%”, analiza Capello.
El efecto cascada
Las provincias y municipios cobran impuestos que el consumidor no ve en su totalidad por el efecto cascada. “De hecho en algunos alimentos que integran la canasta básica la Nación cobra una tasa de IVA reducida del 10,5%. Eso no se replica en la mayoría de las provincias”, distingue Artana.
En relación a qué pasaría si bajaran esos impuestos a las ventas, Capello analiza que si bien mejoraría el poder adquisitivo de los consumidores argentinos, no bajaría la inflación, porque esta es parte de un proceso dinámico y general que implica una suba generalizada y persistente de los precios. “Es decir que si sucediera esto, la baja de impuestos impactaría por única vez”, describe.
El principal problema de los impuestos en la Argentina no es el IVA del 21%, pues hay numerosos países que tienen alícuotas similares e incluso mayores y ello no representa una traba a su desempeño económico, fundamenta Cynthia Moskovits. La especialista considera que el problema son las numerosas exenciones y tratamientos diferenciales muchas veces sin una lógica detrás. “Sin dudas sí lo es el impuesto sobre los ingresos brutos, y sus símiles al nivel municipal, como impuestos en cascada, que afectan las mejores decisiones en términos de eficiencia económica. Ellos constituyen en sí un problema importante propio de la Argentina y algunos pocos otros países como Brasil”, analiza.
En el año 2017 se trató de tender en forma paulatina a un esquema más racional, menos complejo y costoso en términos de pérdida de actividad económica, pero desde el año pasado se dio marcha atrás con esos acuerdos.
La lógica de cobrar impuestos
El estado cobra impuestos como forma de financiar sus gastos presentes o pasados. “Lo ideal sería encontrar un equilibrio entre el deseo de la sociedad de gasto público y el costo que ello genera en términos de financiamiento. Mayores impuestos implican una carga sobre familias y empresas que, pasado cierto umbral, va en detrimento cierto de la actividad económica”, reflexiona Cynthia Moskovits de FIEL.
La economista considera que es la sociedad en su conjunto la que debería encontrar cuál es el sistema de su preferencia, siendo consciente que si pide políticas que implican gasto público, de alguna manera hay que financiarlas.
“Lo que sí podemos aseverar es que la presión tributaria en la Argentina, comparada con países similares en términos del nivel de ingresos, es muy alta. Y ello ocurre no solo en lo que atañe a la canasta básica. Una alta presión tributaria genera, además de costos sobre el crecimiento, un fuerte incentivo a la informalidad y consecuentes fuertes inequidades”, destaca Moskovits.
El sistema tributario argentino descansa excesivamente en los impuestos a las ventas – consumo. “Pero no quiere decir que los impuestos directos, que gravan ingresos y riqueza, sean bajos. En realidad la presión tributaria podría bajar, en especial sobre los alimentos, si el Estado gastara menos, y así necesitara recaudar menos impuestos, y si hubiera menos evasión, para poder recaudar lo mismo con menores alícuotas”, añade el presidente de IERAL.
En este escenario, para bajar la evasión, entre otras cosas, ayudaría que el Estado gaste menos, con mayor calidad y en forma más transparente. “De esta forma los contribuyentes valorarían más los servicios que reciben del Estado, en lugar de imaginar que van a un barril sin fondo”, expresa Capello.
Una política fiscal sostenible es aquella que evalúa, para un horizonte de tiempo prudencial, que los gastos puedan ser razonablemente financiados y la principal fuente de financiamiento son los impuestos legislados. Luego están los impuestos no legislados: el principal es el impuesto inflacionario. “El endeudamiento en Argentina, sin dudas, ameritaría hacer una revisión del gasto público de los tres niveles de gobierno y buscar mejorar su eficiencia”, propone por su parte Cynthia Moskovits.
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