La semana pasada, aquí analizábamos que el desabastecimiento y suba exorbitante de precio de la coca en la provincia dejaba al descubierto tanto la importancia del coqueo y de la venta de coca en la vida cotidiana y la economía de cientos de miles de jujeños, como también el vacío legal que hay respecto al origen del ingreso al país y la comercialización minorista. Ahora, el Gobierno de Jujuy está tras una solicitud para que se le otorgue la coca incautada por contrabando y pueda distribuirla entre gratuitamente entre comunidades campesinas y trabajadores rurales, de la construcción y otros. Además, los diputados nacionales de la línea de Morales anunciaron iniciativas legislativas para la importación, comercialización y hasta producción.
Morales informó que al pedido lo realizó mediante una presentación por escrito “pidiendo que toda la coca incautada por la Justicia Federal en el marco de contrabando tipificado como delito, le sea entregada al Gobierno de la Provincia de Jujuy a fin de que, en el marco de un protocolo que también les he presentado, sea distribuida gratuitamente a las comunidades indígenas y a los trabajadores del campo y de la construcción, dejando abierta la posibilidad para ser entregada a otros sectores”.
El gobernador amplió que elevó pedidos en ese sentido a la Secretaría General de la Presidencia (área que tiene a su cargo el destino de las incautaciones tipificadas como contravención que están en custodia de la Aduana) y también a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
“Mi pedido tiene fundamento legal en el artículo 15º de la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, que ha legalizado el coqueo en la República Argentina, que expresa “La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”, publicó en su cuenta de Facebook Morales, aunque en otros espacios de comunicación, fundamentó su postura respecto a la necesidad de acciones del Estado en cuanto al coqueo y la hoja de coca en sus significancias económicas, sociales, culturales e identitarias.
El mandatario contó asimismo que por el tema se reunió autoridades de la Justicia Federal y que se comunicó y elevó pedido formal al titular de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Julio Fernando Vitobello, y a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó Del Pont. También, que junto a las solicitudes presentó un Protocolo de Manejo de la Hoja de Coca, que “incluye la forma en la cual el Gobierno de la Provincia rendirá cuenta de la coca distribuida en forma gratuita, ya que cualquier producto de una incautación no se puede comercializar”; “en el mismo también, propongo que la distribución sea realizada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas; se entregará 50 gramos por persona, quedando terminantemente prohibida su venta”, detalló.
El Gobernador (de quienes todos los jujeños y jujeñas tenemos registrada su imagen con una bolsa verde de coca, hojas y la mano que sube hacia la cara y el acullico en el cachete en la Muralla China, cuando viajó en su primer año de gestión, en tiempos en que bullía la imaginería por la Planta Fotovoltaica en Cauchari, proyectos por el litio, y otros tantos anhelos junto a ese país) no escatimó en su valoración a la hoja de coca en ninguna ocasión que tuvo, y siempre la mostró como símbolo en la mayoría de sus acciones políticas en que podía poner a Jujuy en la agenda nacional, desde cuando era legislador. Ahora, instaló en la agenda pública jujeña el tema de la injerencia del Estado (o la que pudiera tener) en su regulación y hasta en su ¿futura? ¿posible? producción. Y lo acompañan diputados nacionales de su línea política.
Jorge Rizzotti, diputado nacional por la UCR de Jujuy, ingresó un proyecto de Declaración a la Cámara de Diputados que, explicó, “tiene como intención que el Gobierno Nacional arbitre medios transitorios para remediar la situación de desabastecimiento que atraviesa Jujuy”, y que “se suma a medidas que también está tomando el Ejecutivo provincial, hasta tanto podamos abordar en profundidad esta temática en el Congreso”. Las medidas del Ejecutivo provincial, evidentemente, eran estas solicitudes a Nación.
Rizzotti también anticipó que pronto ingresará un proyecto de Ley en la Cámara Baja del Congreso de reforma integral del status normativo de la hoja de coca, e indicó que referirá a regular la importación, la venta minorista y la posible producción, fundamentado en aspectos económicos, de diversificación productiva y culturales. ¿Quedará propiciada la producción de coca como actividad agropecuaria?
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