La suba de la coca reflota el vacío legal que hay para su ingreso al país (en cuyo noroeste el coqueo es legal)

Los “Si hay”, como conocemos en Jujuy a los lugares donde venden coca, parecieran ser casas de cambio de divisas sin referencias oficiales: los clientes entran cada día sin saber cuánto habrá subido y se enteran al llegar ahí. El precio de la hoja sube al ritmo que cae nuestra moneda nacional y sube la verde extranjera, y pasamos de pagar el kilo –en porciones de 25, 50, 100 o 250 gramos- a $1.800, a pagarlo a $10.000. El coqueo se reafirma cada día cultural y parte de lo cotidiano de cientos de miles de ciudadanos, y en la última semana la suba del precio instaló tanto en la agenda que el gobernador Gerardo Morales anticipó próximas iniciativas.

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El coqueo o mascado de hojas de coca es una práctica milenaria de las comunidades que habitaron las zonas de altiplano, quebrada y valles pertenecientes a la cordillera de los Andes, desde el sur ecuatoriano hasta el noroeste argentino. En 1998, al tratarse la en el Congreso de la Nación la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes N° 23.737, se dispuso en el artículo 15 que “la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”.


En Jujuy, particularmente, la coca es parte de nuestro paisaje cotidiano: la vemos en nuestras oficinas, cuando vemos descansando a médicos en confiterías o saliendo de sus consultorios, en los quioscos de barrio, en las ferias, en las festividades (no puede faltar cuando hacemos la corpachada para ofrendarle a la Pachamama)... Y hasta tenemos una de las imágenes más famosas del gobernador Gerardo Morales: él coqueando en... la muralla china.

Y coqueamos legalmente, porque la ley 23.737 nos exime de esta consumiendo o vendiendo estupefacientes. Pero parece que la coca debiera emanar espontáneamente, “nacer” ya en la bolsita verde y en el mostrador: no hay nada regulado acerca de su ingreso al país (Argentina no produce). Es decir: es legal consumir algo cuyo ingreso al país (única forma de que podamos consumir) es ilegal. Y el vacío es tan grande que, por ejemplo, en 2018, un ciudadano argentino, estudiante de Ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata e hijo de padres bolivianos, fue preso y procesado por llevar 30 kilos de hoja de coca... que llevaba por ser el padrino de coca (el encargado de llevar coca) de la celebración de la Pachamama de la comparsa Caporales Cruz del Sur , e la que él es integrante, y que festejaba con 300 participantes.

De marzo, cuando se declaró pandemia, a esta parte, la coca en Jujuy se disparó en precio. Luis Beltrán, periodista de La Quiaca, contó en un informe para Radio Universidad 92.9 que “antes del cierre de las fronteras (...) 100 pesos argentinos equivalían a 10 pesos bolivianos” y que con la trepada del dólar blue y mayorista, referencia para las casas de cambio de la vecina ciudad boliviana de Villazón “actualmente equivalen a 5 bolivianos”. Beltrán también sumó el otro dato para el análisis: un “valor agregado”: el cruce por pasos no autorizados de los paquetes de coca a territorio argentino. Es que si pasás con cuarto, quizás hasta medio kilo, Gendarmería lo interpreta como compra para consumo y te la deja pasar, pero cantidades mayores no pasan ese control. Con detalle sobre los precios de las distintas variedades (la que ahora está a $10.000 el kilo y antes estaba a $1.800 es la que conocemos como “común”), Beltrán también ironizó, haciendo referencia al Plan Fronteras Seguras, presentado por Morales en el marco del trabajo contra la pandemia del Covid-19, que hoy “las fronteras seguras, no lo son tanto”.

Para otra ocasión quedará el análisis sobre las fronteras y todo lo que pasa de cualquier modo por ahí, pero sí es para atender la reciente declaración del gobernador en un programa televisivo local. Valeria Alfaro y Marcelo Betinotti le preguntaron sobre el trabajo sobre la importación de algunos productos en el marco del aislamiento, y en específico sobre la de la coca, y Morales, en respuesta explícitamente escueta, expresó que “ya les voy a dar algunas novedades en los próximos días”.


Voces extraoficiales comentan que esas novedades referirían a alguna iniciativa para habilitar su importación. Antecedente hay: desde los debates de 1998 por sacarla de la lista de estupefacientes a iniciativas legislativas a nivel nacional de legisladores de Salta y Jujuy, pasando por la precisa, detallista y cultural y productivamente argumentada Ley Nacional de la Coca de Bolivia, legislación que debiera tomarse en cuenta si alguna vez nos planteamos llenar este vacío legal sobre este aspecto, que, además de cultural, es de gran incidencia económica.

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