La postal brillante del litio argentino empieza a mostrar sombras. En las últimas horas, la empresa Exar —que opera en el salar Cauchari-Olaroz, en Jujuy— despidió a unos 80 trabajadores, encendiendo señales de alarma en un sector que hasta hace poco era sinónimo de expansión y promesas.
Exar, que pertenece en un 47% a la china Ganfeng Lithium, en un 45% a la canadiense Lithium Argentina y en un 9% a la estatal jujeña Jemse, había comenzado sus exportaciones en 2023 y se proyectaba como uno de los actores claves del mercado del litio a nivel global. Con una planta diseñada para producir 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio, la empresa ahora enfrenta un escenario más restrictivo, producto de la caída de los precios internacionales.
El valor de la tonelada de litio, que supo superar los US$ 70.000, hoy ronda los US$ 10.000. Esta fuerte baja empujó a las empresas a revisar sus estructuras de costos... y también su plantilla de personal.
Además de los despidos, Exar evalúa modificar su régimen laboral: de los actuales turnos 7x7 (siete días de trabajo por siete de descanso, con jornadas de 12 horas), se pasaría a esquemas más exigentes, como los ya aplicados por compañías como Puna Mining (Salta) y SQM (Chile).
Sin embargo, no todo se explica por los precios. Según datos oficiales, el costo de producción del litio en Argentina ronda los US$ 5.800 por tonelada, y los salarios representan solo el 23% de ese total. Incluso con precios deprimidos, el margen bruto se mantiene cerca del 40%. Esto deja entrever que el objetivo de fondo de las mineras no sería evitar pérdidas, sino sostener niveles de rentabilidad aún a costa del empleo.
Los recientes movimientos de Exar marcan un punto de inflexión en la industria del litio: del entusiasmo por la revolución energética, al ajuste silencioso. La situación exige atención política y sindical para garantizar que el desarrollo de un recurso estratégico como el litio también respete derechos laborales y prioridades sociales.
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