El endeudamiento de los Estados creció en pandemia, y CEPAL brinda cinco sugerencias para que no peligre la reactivación

Un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas (ONU) señala que en los estados de la región  se ampliaron necesidades financieras para afrontar la emergencia y se generó un aumento de los niveles de endeudamiento que “pone en peligro la recuperación y la capacidad de los países para una reconstrucción sostenible y con igualdad”. En la economías regionales, el turismo y la ruptura de cadenas de suministro destacan como puntos de quiebre.

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El informe, titulado “Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después: Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el desarrollo”, fue presentado en reunión virtual entre Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, y representantes de los países miembros, entre los que se encuentra Argentina.


“En todos los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado, y se espera que dicho endeudamiento se incremente del 68,9% al 79,3% del PIB entre 2019 y 2020 a nivel regional, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (57%)”, afirmó Bárcena durante la presentación del documento.

La funcionaria de ONU también profundizó que  la brecha de financiamiento del sector público se agrava por la necesidad de apoyar la balanza de pagos, sobre todo en las economías más pequeñas de la región, debido a las interrupciones de la cadena de suministro y a la disminución de las exportaciones, en particular de la exportación de servicios como el turismo, sector donde Caribe y Centroamérica parecen ser las macro-regiones más afectadas: de 2019 a 2020, el déficit en cuenta corriente pasó del 1,4% al 4,5% del PIB en el istmo centroamericano y del 4,8% al 17,2% del PIB en el Caribe. Además, en la región habrá una importante caída de la inversión extranjera directa que será de entre el 45% y el 55%, aproximadamente, en el mismo período.

Entre los datos del informe se cuentan, por ejemplo, los de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso a disposición de 21 países de América Latina y el Caribe la mayor parte de sus préstamos de emergencia relacionados con el COVID-19, llegando a enero de 2021 a haber destinado destinado unos USD 66.500 millones a América Latina y el Caribe, lo que representaba un 63% del desembolso total (USD 106.000 millones) que había destinado a 85 economías en desarrollo. Para acceder a todos los daos y análisis, podés ver el informe aquí.


Y, también, la CEPAL expresa que como “Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el desarrollo”, deben tomarse urgentemente cinco medidas:

1)      Ampliación y redistribución de la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo a través de una emisión masiva de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI); a lo que explica que una emisión y asignación hipotética de 500.000 millones de DEG nuevos, representaría USD 56.000 millones de reservas internacionales adicionales para las economías de América Latina y el Caribe.

2)      El fortalecimiento de la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo, como así fomentar la cooperación y coordinación entre los bancos de desarrollo regionales, subregionales y nacionales.

3)      Acceso a un mayor financiamiento que debe complementarse con impulso una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, que incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de calificación crediticia. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del Grupo de los Veinte (G20) también debe ampliar su alcance, para incluir a todas las partes interesadas (es decir, el sector privado y las instituciones multilaterales) y a los países vulnerables de renta media, y debe extenderse más allá de 2021, suma CEPAL.

4)      Proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo.

5)      Integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminada a construir un futuro mejor.

“La crisis actual debe aprovecharse no solo como una oportunidad para repensar la agenda de financiamiento para el desarrollo de los países de renta media, sino también como una ocasión para alcanzar un amplio consenso social y político que permita implementar reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario”, publicó CEPAL, y sumó que “los esfuerzos de recuperación deben centrarse en fomentar la resiliencia” y que “el margen para aplicar políticas se puede aumentar si se eliminan la elusión y la evasión fiscales, y se hace caer el peso de la tributación en los impuestos directos y los que gravan la propiedad y el patrimonio”.

“También se debe reorientar el gasto público hacia la creación de empleo y las actividades que son transformadoras y ambientalmente sostenibles. Para ello, en dicho gasto se deben priorizar la inversión pública, el ingreso básico, la protección social universal, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), la inclusión digital y el desarrollo de tecnologías verdes”, concluye. 

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