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“El desafío social en tiempos del COVID-19” es el tercer informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas desde la declaración de la pandemia. Fue publicado esta semana, y profundiza las primeras sugerencias sobre la oportunidad global de pensar modelos más distributivos para un mundo con mejores perspectivas sociales, culturales, económicas y ambientales. Ahora, propuso ir hacia un ingreso que garantice  satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Lo plantea como un ingreso básico de emergencia, aunque proyectan que debiera quedar permanente para los sectores más vulnerables. ¿Una especie de ingreso familiar de emergencia (IFE), como el reciente de Argentina, y, para el futuro, una renta básica universal (RBU), el modelo de reducción de desigualdad y garantía de vida que ya ensayan países del primer mundo?

Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hizo un análisis de números referidos a un modelo extractivista cuyo anhelo pregonado para las comunidades  nunca llegó y uno que podría construirse para mayor productividad, empleo y desarrollo hacia la igualdad. Consideró al norte de Argentina y de Chile como posibles plataformas de una industria con mucha rentabilidad y factibilidad económica.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) abrió período de postulaciones para la vigésima primera edición de su Escuela sobre economías latinoamericanas. Las inscripciones son hasta el 12 de abril, y el cursado, entre el 13 de julio y el 4 de septiembre de este año.

Para el organismo, la pobreza extrema ya está por debajo del 3%. Se debe a las mayores transferencias sociales, que elevaron el ingreso medio de los hogares. El índice de Gini se ubicaba en 0,39 en 2017, por debajo del promedio de 0,47 de América Latina.